El debate sobre las bebidas azucaradas volvió a encenderse con la propuesta de incremento al IEPS incluida en el Paquete Económico 2026.
Según la Secretaría de Hacienda, el objetivo de esta medida es reducir la obesidad y fomentar hábitos más saludables. Sin embargo, la evidencia y los números apuntan en otra dirección: no se trata de una política de salud pública, sino de una estrategia recaudatoria que castiga a los consumidores y beneficia a unos cuantos.
De acuerdo con la iniciativa, el impuesto aplicará tanto a bebidas con azúcar como a aquellas endulzadas con edulcorantes no calóricos.
Esto implica un aumento de 1.43 pesos por litro para las bebidas con azúcar, y un incremento total de 3 pesos por litro para las versiones sin azúcar.
En otras palabras, las opciones que deberían ser más saludables terminarán siendo más caras.
Una política “saludable” que no mejora la salud
El argumento de que subir los impuestos a las bebidas azucaradas mejora la salud no tiene respaldo en los datos.
Desde 2014, cuando se implementó este impuesto por primera vez, el consumo per cápita de refrescos bajó ligeramente, pero los índices de obesidad y diabetes siguieron aumentando.
En 2012, antes del impuesto, el 32% de los adultos mexicanos tenía obesidad; para 2024, la cifra supera el 36%.
Tres de cada cuatro adultos presentan sobrepeso u obesidad, y la diabetes ya afecta a más de 12 millones de personas. Las causas son múltiples, pero la carga impositiva no ha logrado revertir ninguna.
Además, mientras las bebidas pagan más impuestos, la comida chatarra —que representa casi el 80% de la ingesta calórica del país— quedó fuera del aumento al IEPS. Un trato desigual que genera dudas sobre la verdadera intención de esta política.
El esfuerzo de la industria frente a más impuestos
Durante los últimos diez años, la industria mexicana de bebidas ha reducido 30% las calorías de sus productos, y más del 55% de su portafolio ya es sin azúcar o sin calorías.
Sin embargo, el nuevo impuesto castiga esos avances, encareciendo justamente los productos que se reformularon para ser más saludables.
Esto no solo afecta a las grandes marcas, sino también a los pequeños comercios, que dependen de las ventas de bebidas para sobrevivir.
Se estima que el aumento al IEPS podría reducir el consumo, encarecer los precios entre 10% y 15%, y poner en riesgo a más de 60 mil tienditas en todo el país.
¿Y las bebidas que no pagan impuestos?
El caso de Electrolit ha encendido la polémica. Registrada como medicamento, esta bebida no paga IVA ni IEPS y tampoco tiene sellos de advertencia, pese a contener 3.7 veces más glucosa de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Mientras un refresco enfrenta impuestos y regulación, Electrolit se vende libremente como una opción “saludable”. Este tipo de excepciones fiscales refuerza la percepción de que el sistema no busca la equidad, sino proteger intereses específicos.
Una cancha fiscal dispareja
La incongruencia es evidente: las bebidas azucaradas pagarán más, mientras la comida ultraprocesada y algunas bebidas con altos niveles de azúcar permanecen intocables. El resultado será el mismo de siempre: más inflación, menos poder adquisitivo y nulos avances en salud pública.
México necesita políticas integrales que combinen educación nutricional, acceso a alimentos saludables y regulaciones coherentes, no impuestos que solo agravan la desigualdad. Si el objetivo es cuidar la salud, el primer paso debería ser aplicar reglas claras y equitativas para todos los productos que realmente dañan a los mexicanos.
